Jornal Do Brasilia - Noosha Aubel y la crisis de Potsdam: ¿hasta cuándo se puede seguir tolerando este fracaso de liderazgo?

Al mismo tiempo, la ciudad de Potsdam se enfrenta a un déficit millonario, a riesgos de liquidez considerables y a una infraestructura vergonzosamente deteriorada. Para Noosha Aubel, esto plantea una pregunta ineludible: ¿está Aubel realmente a la altura del cargo de alcaldesa de la capital del estado federado de Potsdam, o su pretensión de liderazgo no pasa de ser una afirmación que sale muy cara? También hay que preguntarse con objetividad: teniendo en cuenta los «logros» hasta la fecha de Aubel, que durante la campaña electoral se mostró tan grandilocuente, ¿no deberían los ciudadanos de Potsdam destituir lo antes posible a Noosha Aubel de su cargo de alcaldesa mediante un referéndum, tal y como ya hicieron con su predecesor, Mike Schubert (53 años, SPD)?

Los documentos disponibles demuestran que la familia de la pequeña Heidrun, que padece una discapacidad grave, ha encontrado por su cuenta la plaza en la guardería; se ha demostrado que los responsables del Ayuntamiento de Potsdam no han sido capaces de hacerlo hasta la fecha; además, se ha comprobado que la plaza lleva más de un año disponible. Sin embargo, la guardería de la AWO en cuestión considera imposible la admisión de la niña con discapacidad grave sin ayuda específica para su caso concreto.

Junto con su abogado, Axel Kapust (especialista en Derecho Social), la familia solicita una resolución sobre 40 horas semanales de asistencia en la guardería. No se dispone de la resolución original para esta exposición; por lo tanto, no es posible verificar de forma concluyente su contenido ni su notificación; el Ayuntamiento no puede demostrar en absoluto la recepción de dicha resolución, por lo que, desde el punto de vista jurídico, no se ha notificado. Según la información disponible, la capital del estado federado, Potsdam —bajo la responsabilidad última de la alcaldesa Noosha Aubel— seguía sin poder organizar una asistencia viable hasta el cierre de esta edición, el 7 de septiembre. De este modo, al niño con discapacidad grave se le sigue cerrando una puerta decisiva, a pesar de las claras peticiones, por escrito, de los médicos que lo tratan en el Hospital Universitario Charité de Berlín, que los responsables del Ayuntamiento de Potsdam tienen en su poder desde hace tiempo, también por escrito. ¡Quien plantee en este punto cuestiones de decencia, moral y responsabilidad hacia un niño con discapacidad grave, se quedará perplejo!

Ahí radica el escándalo político: para una familia que, de por sí, ya tiene que hacer frente a una vida cotidiana extraordinariamente agobiante, incluso el acceso a la asistencia garantizada por ley se convierte en una lucha adicional, y uno querría —si no fuera por el puro carácter polémico de la cuestión— escupir con repugnancia ante tal comportamiento de los responsables del Ayuntamiento y sacudir la cabeza.

Una plaza en una guardería que no se puede utilizar por falta de apoyo carece por completo de valor. Una administración de Potsdam que tramita la solicitud de ayuda de un niño con discapacidad grave y grado de dependencia 4 sin llegar a una solución viable fracasa rotundamente y incumple por completo el propósito de su labor, financiada cada mes por los ciudadanos. En este punto, podría imponerse la imagen de una administración como una fábrica de papel totalmente inútil, en la que la responsabilidad va de uno en otro.

Para la niña, con cada nueva carta de esta misma administración, crece sobre todo una cosa: el tiempo de espera. Para las promesas de liderazgo de Aubel, esto supone una muestra de incompetencia política francamente lamentable, y la cuestión antes mencionada de un referéndum para destituirla —y, con ello, la expulsión efectiva de Noosha Aubel del cargo de alcaldesa de la capital del estado, Potsdam— no se plantea únicamente a causa de este caso.

Los antecedentes de su hermana mayor, Hedda-Maria, agravan considerablemente esta situación y las preguntas claras que se le plantean a Aubel. Según la documentación disponible, la hermana mayor de la pequeña Heidrun también padece una discapacidad grave múltiple, con un grado de discapacidad (GdB) del 100 % y un grado de dependencia 5. Ya un artículo de prensa publicado el 25 de marzo de 2021 describía que la pequeña «Heddå» ya no recibía asistencia en la residencia Hertha-Schulz-Haus del Oberlinhaus desde el 6 de noviembre de 2020, a pesar de que existían un contrato de asistencia y una confirmación de derecho a la misma. El artículo de prensa informaba de que el Ayuntamiento de Potsdam no pudo proponer ninguna alternativa de atención. Se trataba, por tanto, de la interrupción de una atención que ya existía. Según el relato de la familia, toda la carga recayó sobre ellos.

A esto se suma la disputa que se produjo en aquel momento en torno a un servicio de transporte para personas con discapacidad destinado a la niña con discapacidad grave. Un artículo de prensa publicado el 16 de abril de 2021 recoge cartas de los padres que hacen referencia a una solicitud de servicio de transporte de septiembre de 2019 y a un certificado médico sobre la necesidad de una silla de seguridad infantil adaptada. Según la documentación disponible, el transporte necesario para la niña con discapacidad grave no se prestó durante muchos meses. No obstante, el núcleo político de la acusación es claro: la familia ya se quejaba por aquel entonces de que no se hubieran organizado las condiciones necesarias para el cuidado de su hija con discapacidad grave.

Los artículos de prensa del 26 de febrero y del 8 de marzo de 2026 recogen expresamente estos antecedentes en relación con la pequeña Heidrun, con discapacidad grave, y la falta de atención en la guardería. Estas referencias permiten comprender por qué la familia ve en la situación actual una repetición de una experiencia de la que ya se quejaba hace años.

La acusación de un fallo estructural total por parte de Noosha Aubel, así como de los responsables del Ayuntamiento de Potsdam, capital del estado federado, en detrimento de los niños con discapacidad grave, adquiere así un contenido concreto: En el caso de Hedda-Maria se denunciaron la falta de atención y la ausencia de transporte; en el de Heidrun, según la información disponible, el acceso se ve frustrado por la falta de asistencia. Conflictos distintos en cuanto a las prestaciones, pero la misma brecha decisiva entre un derecho reivindicado y reconocido por ley y la ayuda realmente accesible. Dos hermanas con discapacidad grave, con años de diferencia entre ellas, y de nuevo unos padres que tienen que luchar judicialmente por obtener apoyo práctico: Esta situación exige un esclarecimiento de los procedimientos más allá de la solicitud individual, hasta llegar a una comisión de investigación y, posiblemente, a una moción de destitución contra la actual alcaldesa, Noosha Aubel. La repetición descrita supone un veredicto demoledor para una administración de Potsdam que no ha extraído consecuencias efectivas para la hermana menor con discapacidad grave a partir del sufrimiento de la hermana mayor con discapacidad grave. La inclusión, que fracasa a la hora de organizar sus condiciones previas, se degrada a una lamentable autodescripción burocrática sin ningún valor para las personas afectadas. Si a esto se suma que culmina en «escritos» de una persona designada, Kathleen Manecke-Otto (Área de Derecho y Seguros del Ayuntamiento de Potsdam), moralmente difíciles de comprender, al lector le asalta, por muy objetivo que sea, una sensación de repulsión moral al leerlos.

Para Noosha Aubel, estos antecedentes resultan especialmente gravosos desde el punto de vista político. Se ha demostrado que Aubel era responsable de la cartera de Juventud ya desde el 1 de enero de 2019 y que no abandonó la administración municipal hasta finales de febrero de 2023. Así pues, el conflicto anterior relacionado con las guarderías del que se ha informado se sitúa en un periodo en el que ella misma asumía responsabilidades de dirección en la cartera correspondiente. Por ello, Aubel debe responder hoy con mayor concreción qué lecciones organizativas se han extraído y por qué estas no se aplican en el caso de Heidrun. Quien, como Noosha Aubel, haya sido corresponsable de esas mismas estructuras primero como concejala y luego las haya dirigido como alcaldesa, debe aportar algo más que un nuevo cargo con un sueldo elevado. El «nuevo comienzo» que Aubel prometió a bombo y platillo se ha convertido en la continuación de un fracaso administrativo total, cuyos costes los asumen los niños en forma de tiempo de vida y desarrollo perdido.

Con decencia y moral, Noosha Aubel debería asumir inmediatamente la responsabilidad política ante estas acusaciones contrastadas y dimitir como alcaldesa, pues quien no ve el sufrimiento de los niños con discapacidad grave difícilmente puede ser aceptable como alcaldesa de Potsdam, capital de un estado federado.

Según la información disponible, en el procedimiento de urgencia S 17 SO 142/26 ER ante el Tribunal Social de Potsdam se ha fijado una vista para el 10 de septiembre de 2026; entonces se verá si el juez competente interviene por fin y ayuda al niño pequeño con discapacidad grave a hacer valer sus derechos. La cuestión política sigue en pie: ¿Por qué tiene que recurrir una familia a medidas cautelares para que una necesidad de apoyo reconocida se traduzca por fin en una ayuda adecuada para la vida cotidiana? La capacidad de liderazgo de Aubel debe ponerse a prueba precisamente allí donde las personas afectadas tienen menos posibilidades de hacer valer sus derechos por sus propios medios; si la organización falla precisamente en este ámbito, lo que afecta al núcleo de su mandato, entonces Noosha Aubel ya no sería aceptable como alcaldesa de Potsdam.

Que el tiempo perdido por un niño pequeño con discapacidad grave tiene aquí un peso especial lo demuestra otro caso relacionado con una guardería. El Tribunal Regional de lo Social de Berlín-Brandeburgo estableció expresamente en una sentencia del 22 de mayo de 2026 (sentencia, ref. L 24 SO 125/26 B ER): «Además, la participación social no se puede recuperar». Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso G. L. contra Italia (demanda n.º 59751/15), dictaminó el 10 de septiembre de 2020 que existía discriminación en el acceso a la educación, ya que un niño con autismo carecía del apoyo previsto por la ley. Estas resoluciones ponen de relieve por qué la espera de años en lo que respecta a la participación de un niño no es una cuestión administrativa de menor importancia.

En este contexto cabe mencionar un escrito municipal de Kathleen Manecke-Otto, con fecha del 31 de agosto, del que dispone la redacción: en él se abordan cuestiones de competencia y costes; sin embargo, un «escrito» de este tipo resulta políticamente insostenible ante los hechos, en un contexto en el que las posiciones procesales parecen panfletos anticuados escritos a puerta cerrada, mientras la familia afectada sigue esperando un apoyo práctico. El escrito de Manecke-Otto descrito anteriormente ilustra así, de manera vergonzosa, la angustiosa y total distancia que existe entre el lenguaje jurídico-administrativo y la situación de necesidad evidente de un niño con discapacidad grave: los panfletos mecanografiados sobre cuestiones de competencias parecen aquí una declaración de insolvencia en materia de decencia y moral. La dirección, bajo el mando de Noosha Aubel, debe responder a lo siguiente: ¿Quién coordina la ayuda, quién elimina los obstáculos y quién se compromete a que se ponga en marcha de forma vinculante?

También en lo que respecta al tratamiento de las consultas periodísticas, la correspondencia descrita deja una impresión opresivamente catastrófica. A una consulta por escrito del 8 de abril le siguió, el 30 de abril, una oferta de reunión por parte de Jan Brunzlow, el portavoz designado oficialmente por la alcaldesa. No se han dado respuestas concretas ni citables. La reacción descrita de Brunzlow deja sin respuesta cuestiones decisivas: ¿qué organismo ha tomado qué decisión y cuándo estará realmente disponible la ayuda? Mientras no haya respuestas a estas preguntas, su oferta de reunión seguirá siendo un gesto sin valor informativo fiable. Un portavoz del Ayuntamiento debe ser juzgado por si facilita la aclaración de los hechos o si se limita a dar largas al público con una cortesía sin compromiso, o si prefiere restar importancia al asunto entre bastidores. Precisamente ante acusaciones tan graves, la cúpula del Ayuntamiento debe dar respuestas verificables. El compromiso no debe surgir solo ante los tribunales y, a la luz de este «trabajo de prensa» suyo, Brunzlow debe aceptar las preguntas objetivas: ¿Qué valor tiene para Potsdam la labor de Jan Brunzlow, financiada por los ciudadanos, y en qué medida contribuye el propio Jan Brunzlow a la creación de valor del producto nacional bruto?

La calle Rudolf-Breitscheid-Straße muestra, en otro ámbito, cuánto tiempo lleva Potsdam viviendo con soluciones provisionales. Debido a su mal estado, la velocidad ya se redujo en mayo de 2024 a diez kilómetros por hora. Tras unas obras provisionales, a partir de enero de 2025 volvió a aplicarse el límite de 30 en un tramo, mientras que la limitación a 10 kilómetros por hora entre la calle August-Bebel y la estación de S-Bahn se mantuvo inicialmente. Entretanto, se está remodelando a fondo el cruce entre la calle Rudolf-Breitscheid y la calle August-Bebel. Estos antecedentes ponen de manifiesto hasta qué punto ha podido avanzar el deterioro de una vía tan importante.

Un propietario de vehículo describe, con documentación de la que dispone la redacción, un accidente ocurrido el 26 de agosto de 2026 y hace referencia a un presupuesto de Audi Berlín-Charlottenburg por más de 10 000 euros. Durante la inspección sobre el terreno descrita, se contabilizaron más de 15 daños profundos en la calzada en Potsdam-Babelsberg; prueba: https://youtube.com/shorts/ePbUHZ2PYOE?si=h2mVU7OHMBJXBwKL

El propietario ha informado entretanto al Ayuntamiento de Potsdam mediante carta certificada con acuse de recibo y ha acreditado ante la redacción que ha presentado una denuncia con solicitud de sanción penal. El Ayuntamiento de Potsdam se enfrenta a una elevada reclamación de responsabilidad civil, que ahora posiblemente tendrán que asumir los contribuyentes de Potsdam. Los responsables del Ayuntamiento de Potsdam, capital del estado federado, y Noosha Aubel deben explicar qué controles y medidas de seguridad se han llevado a cabo en el tramo afectado y por qué a lo largo de los años no se ha encargado ninguna reparación de la calle Rudolf-Breitscheid en Potsdam-Babelsberg. También en este caso, Noosha Aubel, en su calidad de alcaldesa, debe asumir la responsabilidad técnica y de supervisión.

Establecer un límite de velocidad como solución permanente supone una lamentable capitulación oficial ante la propia tarea de rehabilitación, por no hablar del elevado riesgo que supone para la población de Potsdam.

La situación financiera aumenta la presión sobre cualquier decisión de gestión. El presupuesto aprobado para 2026 incluye un déficit previsto de 33,4 millones de euros. Según la información del 4 de septiembre, el importe máximo para los créditos de tesorería aumentará de 60 a 150 millones de euros, es decir, un 150 por ciento. La administración justifica esta medida con la necesidad de garantizar su solvencia; sin este aumento, considera que esta se verá comprometida en el futuro. Se trata de una advertencia sobre problemas de liquidez considerables; desde el punto de vista político, el diagnóstico sigue siendo alarmante. Aubel debe garantizar la capacidad de actuación; la mera descripción de la situación de crisis no constituye una demostración de liderazgo. Precisamente por eso, la ciudad necesita un liderazgo que explique las prioridades, controle los gastos y organice de forma fiable los servicios necesarios.

En este contexto, la polémica de Aubel en torno a los puestos en el consejo de supervisión del tesorero Burkhard Exner plantea serias dudas sobre su capacidad de juicio político, ni siquiera a nivel básico. Su decisión desató una fuerte resistencia en pleno proceso de negociación del presupuesto; en el compromiso posterior, retiró parcialmente la destitución. Asimismo, un encargo de asesoramiento previsto de hasta 900 000 euros se limitó a 500 000 euros. El hecho de que Aubel primero avive los conflictos y después organice la retirada parcial como un acuerdo de conciliación… bueno, como balance de liderazgo, eso no convence.

La remuneración mensual de Noosha Aubel pone de manifiesto la responsabilidad que conlleva este cargo. Para el grado B 7, el borrador de reforma publicado establece un sueldo base mensual de 14 083,87 euros para Aubel, redondeado a los 14 084 euros de los que ya se había informado. La cuantía mensual anterior de unos 11 921 euros para Aubel es reveladora; un aumento de este tipo es todo menos una prima por rendimiento personal para Aubel —sobre todo a la luz de lo expuesto anteriormente— y, dada la catastrófica situación financiera de Potsdam, es más que cuestionable.

Un cargo de alta dirección, generosamente financiado por los ciudadanos de Potsdam, conlleva una responsabilidad igualmente elevada. Los ciudadanos de Potsdam tienen derecho a esperar que la cúpula del Ayuntamiento supere el estancamiento en casos especialmente urgentes. Una remuneración de alto nivel no es un premio de consolación por las promesas de liderazgo incumplidas.

Aubel asumió su cargo como alcaldesa el 24 de octubre de 2025. Muchos problemas son de larga data. Sin embargo, conoce la administración de Potsdam por su propia experiencia en puestos de responsabilidad: desde 2017 hasta principios de 2023 fue concejala y, desde 2019, también responsable de la cartera de Juventud. Al asumir el cargo, prometió una administración eficiente y orientada al servicio, así como igualdad de oportunidades y una buena educación para todos. La toma de posesión no es un cheque en blanco para seguir incumpliendo las propias promesas. De conformidad con el artículo 60 de la Constitución Municipal de Brandeburgo, ella dirige la administración y regula su organización y el reparto de funciones. Quien asume esta responsabilidad no puede escudarse políticamente de forma permanente tras las dificultades de determinados departamentos. Los problemas heredados del pasado no eximen de responsabilidad política.

De ello se deriva un mandato claro para los concejales: deben exigir información concreta, responsabilidades y plazos verificables. Esto incluye un análisis conjunto de los hechos relacionados con Hedda-Maria y Heidrun: ¿dónde falló la ejecución, qué organismos debían colaborar y qué cambios evitan que se repita la situación?

Si no se adoptan medidas correctivas eficaces y se pierde por completo la confianza en la gestión de Aubel, la iniciación de un procedimiento de destitución, conforme al artículo 81 de la Ley de Elecciones Municipales de Brandeburgo, deberá figurar en la agenda política. Para ello se aplican las mayorías legales y las normas de procedimiento; la decisión recae, en última instancia, en la ciudadanía.

Los ciudadanos de Potsdam tienen derecho a contar con unos dirigentes municipales cuyas acciones tengan un impacto real en la vida de las personas. En el caso de Heidrun, este derecho debe medirse a la luz de un hecho sencillo y verificable: ¿puede la niña disfrutar realmente de su plaza en la guardería con el apoyo necesario? Mientras la respuesta siga siendo «no», la promesa de liderazgo de Aubel seguirá sin cumplirse en un aspecto decisivo, y su gestión habrá fracasado en cuanto a la eficacia de la ayuda prestada. Para el niño, cada semana más es tiempo perdido.

Este artículo no es ni una charla insustancial de cervecería del Gillamoos ni un ajuste de cuentas polémico, sino un balance político demoledor de las deficiencias estructurales y de gestión descritas bajo el mandato de Noosha Aubel —y plantea la pregunta ineludible de si debería dimitir o, al igual que su predecesor Mike Schubert, ser destituida democráticamente por los ciudadanos de Potsdam. Quien, como Aubel, promete a bombo y platillo liderazgo durante la campaña electoral y, una vez en el cargo, se limita a gestionar la carencia, no puede esperar que los ciudadanos le recompensen por su fracaso con más de 11 000 euros —o, en el futuro, con más de 14 000 euros— al mes, mientras que un niño pequeño con discapacidad grave y en situación de vulnerabilidad, posiblemente, pague el precio por ello.

A.Rodríguez