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Presidente surcoreano suspendido mantiene el silencio en su arresto / Foto: © AFP
Presidente surcoreano suspendido mantiene el silencio en su arresto
El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, suspendido de sus funciones, se negó nuevamente a declarar este viernes ante los agentes que lo arrestaron en relación a la imposición de una ley marcial en diciembre.
La medida, derogada horas después, sumió al país en una grave crisis política, provocó una moción de destitución ahora estudiada por el Tribunal Constitucional y convirtió a Yoon en el primer presidente surcoreano arrestado en el cargo.
La orden judicial que permitió su captura expira este viernes, 48 horas después de su detención el miércoles. Pero los investigadores pueden solicitar a la justicia extender el plazo hasta 20 días para tener tiempo de imputarlo formalmente.
"Se espera que la Oficina de Investigación de la Corrupción solicite una nueva orden de detención", reconoció el equipo de defensa de Yoon el viernes.
Los agentes de esta oficina, que dirigen la investigación por presunta insurrección, convocaron al dirigente para un interrogatorio el viernes por la mañana, dijo la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
Sin embargo, su abogado Yoon Kab-keun afirmó a la AFP que Yoon se negó a comparecer ante los agentes.
Otro de sus letrados, Seok Dong-hyeon, explicó a la prensa que su cliente ya había explicado su posición a los investigadores y que no había motivos para responder a sus preguntas.
Tras su arresto el miércoles, Yoon fue interrogado durante varias horas pero se acogió a su derecho a guardar silencio.
Durante semanas, el dirigente conservador evitó ser arrestado, encerrándose en su residencia en Seúl protegido por los servicios de seguridad de la presidencia y cientos de seguidores.
Miembros armados de la guardia presidencial impidieron un primer arresto el 3 de enero. El miércoles, cientos de agentes de la policía y la agencia anticorrupción allanaron su residencia y consiguieron detenerlo.
Yoon dijo después que había aceptado cooperar con la detención para evitar un "derramamiento de sangre".
El dirigente también es objeto de un proceso en el Tribunal Constitucional, que debe decidir si ratifica o descarta la moción de destitución aprobada por la Asamblea Nacional.
M. Andrade--JDB
