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Además de la amnistía, el acuerdo fiscal para Cataluña crea controversia en España
Los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes para facilitar su nueva investidura levantaron mucha polémica en España, pero no solo por la futura ley de amnistía, sino también por sus acuerdos sobre la financiación regional y el reparto de impuestos con el Estado.
A cambio de los votos de los partidos separatistas, indispensables para acceder a un nuevo mandato como presidente del gobierno, el líder socialista hizo algunas grandes concesiones, además de comprometerse a impulsar una ley de amnistía para los independentistas procesados por la justicia española, principalmente por su implicación en la tentativa secesionista de 2017.
A pedido de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), partido independentista que gobierna ahora la región, Sánchez aceptó anular 15.000 millones de euros (unos 16.000 millones de dólares) de la deuda contraída por Cataluña con el Estado tras la crisis financiera de 2008.
Pese a que los socialistas prometen que este acuerdo se extenderá también a todas las regiones que recurrieron a este fondo -creado por el Estado para auxiliar a las comunidades autónomas asfixiadas durante aquel complejo periodo-, el acuerdo levantó muchas suspicacias en muchas comunidades, tanto de izquierdas como de derechas.
El pacto firmado el jueves con Juntos por Cataluña, la segunda gran formación independentista, prevé de su lado favorecer el regreso de las empresas que sacaron sus sedes de esta dinámica región del noreste español, a raíz del intento fallido de secesión de hace seis años, como Caixabank o Naturgy.
- Reclamación -
Los socialistas aseguran además en el texto que pretenden apostar por "medidas que permitan la autonomía financiera" de Cataluña y que faciliten su acceso a los mercados financieros, en respuesta a Junts, que reclama de su lado "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan" en la región.
Esta cuestión es muy sensible en España, donde la Constitución garantiza una amplia autonomía fiscal y financiera a las regiones, dotadas de importantes competencias, especialmente en áreas como sanidad o educación, pero que exige al mismo tiempo una importante solidaridad entre los territorios.
Actualmente, dos regiones -País Vasco y Navarra- gestionan ya todos los impuestos que se pagan allí, de los que envían un porcentaje al Estado central para las partidas que asume.
Su peso económico y presupuestario no es, sin embargo, comparable al de Cataluña, motor industrial del país que concentra el 20% del PIB español y el 16% de su población.
De acuerdo con el centro de pensamiento Fedea, Cataluña realizó en 2021 un aporte neto a la administración -es decir, la diferencia entre el dinero que pagó y recibió en la financiación interregional- de 2.170 millones de euros.
Solo otras dos regiones de un total de 17 tuvieron también un aporte positivo: Madrid (6.310 millones) y Baleares (334 millones).
Para los partidarios del statu quo fiscal, la cesión de todos los impuestos a las autoridades catalanas correría el riesgo de reducir los recursos del Estado central, en detrimento de las regiones más pobres como Andalucía (sur) o el archipiélago de Canarias.
- Caja de Pandora -
Una medida así provocaría "la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles" y crearía "Comunidades Autónomas de primera y Comunidades de segunda", denunció la asociación de inspectores de hacienda.
El Partido Socialista de Pedro Sánchez optó por "privilegiar a una minoría en detrimento de una mayoría, y la igualdad entre los españoles", consideró el jefe de la oposición (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, también crítico hacia la anulación de una parte de la deuda catalana.
Un reproche que comparten varios economistas, que temen que se abra ahora una caja de Pandora, costosa para el Estado, después de que varias regiones como Andalucía hayan reclamado ya que se anule parte de su deuda atendiendo a la igualdad de tratamiento.
"Las deudas se pagan", estimó de su lado en una tribuna José María Rotellar, director del Observatorio económico de la Universidad Francisco de Vitoria, que teme una "una pérdida de credibilidad" y "una inseguridad en quién va a asumir las futuras deudas" regionales.
Dirigida por un barón socialista muy crítico con Pedro Sánchez, la región de Castilla-La Mancha (centro) amenazó al ejecutivo con interponer un recurso ante la justicia contra el pacto con los catalanes.
Tratando de apaciguar los ánimos, los socialistas recordaron que, por ahora, aún no se ha tomado ninguna decisión sobre el tema fiscal.
"En ningún momento se ha planteado que el Partido socialista o el gobierno comparta la cesión del 100% de tributo", explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
V. Duarte--JDB
