Jornal Do Brasilia - Alerta ambiental en Chile por desalinización, ataques a líderes indígenas y conservación de especies

Esta semana, el panorama ambiental en América Latina se caracteriza por la tensión entre el desarrollo industrial y la conservación de ecosistemas frágiles, así como por la creciente vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente. En Chile, la promulgación de la primera ley de desalinización ha generado un intenso debate científico sobre sus impactos ecológicos. Paralelamente, en Perú, se han intensificado las amenazas contra líderes indígenas, mientras que en Bolivia y Ecuador se registran conflictos territoriales y desafíos para la protección de especies endémicas.

En Chile, el gobierno promulgó en mayo de 2026 su primera ley marco sobre desalinización, una medida impulsada por la urgente crisis hídrica que afecta a la región norte del país. La industria minera es el principal motor de esta transición: se proyecta que la participación del agua de mar en el abastecimiento hídrico de la minería del cobre aumente drásticamente, pasando del 40,7 % registrado en 2024 al 67,6 % previsto para 2034. Sin embargo, esta expansión tecnológica ha suscitado advertencias severas por parte de científicas y expertos ambientales.

Las preocupaciones centrales se centran en los vacíos regulatorios que deja la nueva normativa. Los especialistas señalan que la ley no aborda adecuadamente la descarga de salmuera, un subproducto altamente concentrado en sales que puede alterar la química del agua costera. Asimismo, existen dudas sobre cómo se regula la captación incidental de organismos marinos durante el proceso de desalinización y cuáles son los impactos acumulativos que múltiples plantas podrían ejercer sobre los ecosistemas litorales ya presionados por otras actividades industriales.

Mientras en Chile se debate la regulación industrial, en Perú la situación de los defensores ambientales se deteriora. La líder indígena Olivia Bisa ha vuelto a ser víctima de un grave acto de intimidación en su comunidad de San Lorenzo, ubicada en la región amazónica de Loreto. Este incidente ocurre apenas un mes después de que Bisa reiterara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 4 de agosto, que las instituciones del Estado peruano no están preparadas para responder eficazmente ante las amenazas que recibe. El ataque refuerza la percepción de que existe una precariedad estructural en los mecanismos de protección a quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente en la Amazonía.

La violencia contra los defensores tiene antecedentes judiciales recientes. En Madre de Dios, un juzgado condenó a cadena perpetua a cuatro personas identificadas como autores intelectuales del asesinato de Roberto Pacheco Villanueva. El crimen ocurrió en septiembre de 2020, cuando Pacheco apoyaba a su padre en la defensa de una concesión forestal familiar frente al ingreso de invasores. No obstante, la pena no será efectiva inmediatamente, ya que el tribunal determinó que comenzará a cumplirse solo tras la confirmación definitiva de la sentencia. El presunto autor material del crimen permanece prófugo.

En Ecuador, los conflictos por la tierra también afectan a líderes comunitarios. Julián Cruz, dirigente indígena de la isla Puná y expresidente de la Comuna Ancestral Chojón, fue detenido el 20 de julio de 2026 bajo la acusación de hurto. La denuncia fue presentada por Naturisa SA, una empresa camaronera con la que la comunidad mantiene un largo conflicto territorial que se remonta décadas atrás. Aunque la comunidad recibió en 2012 el título comunal ancestral, sentencias judiciales han indicado que parte de ese territorio había sido concesionado previamente por el Ministerio de Agricultura a compañías acuícolas. Cruz permanece recluido en la Penitenciaría del Litoral, donde organizaciones de derechos humanos han alertado sobre condiciones de hacinamiento, insalubridad y violencia.

En Bolivia, el gobierno del presidente Rodrigo Paz ordenó a los 143 guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) que pusieran sus cargos "a disposición". La instructiva justifica esta medida como parte de la reestructuración del Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua. La decisión ha generado un fuerte rechazo entre los trabajadores. La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) se declaró en emergencia, denunciando una posible vulneración de derechos laborales y advirtiendo que estas decisiones podrían comprometer la protección efectiva de las áreas protegidas del país.

En el ámbito de la conservación de especies, el pez boliviano Moema claudiae continúa enfrentando un riesgo crítico. Este pequeño organismo, capaz de respirar a través de la piel y sobrevivir fuera del agua, fue redescubierto en 2024 tras dos décadas sin registros. En 2026, su estatus de conservación pasó de "Posiblemente Extinto" a "En Peligro Crítico". El pez habita en los humedales temporales de los Llanos de Moxos, en el departamento de Beni, un ecosistema que ahora enfrenta presión intensa debido a incendios forestales, deforestación, expansión ganadera, agricultura y minería. El desafío actual es evitar que la especie vuelva a desaparecer.

En Ecuador, el análisis genético de un olingo rescatado reveló datos inesperados sobre la biodiversidad local. El animal, encontrado en una vivienda de Imbabura y trasladado a un zoológico, pertenece a una subespecie que hasta entonces no había sido registrada en el país. Este hallazgo subraya el papel potencial de los zoológicos, museos y laboratorios como aliados estratégicos para estudiar especies difíciles de encontrar en su hábitat natural.

La contaminación por mercurio en la Amazonía también requiere atención urgente. Tras una investigación que identificó 249 comunidades expuestas al metal pesado y otras 702 en riesgo a lo largo de los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira, expertos y legisladores de Perú y Bolivia han planteado medidas para enfrentar esta crisis transfronteriza. Las propuestas incluyen fortalecer la vigilancia sanitaria, restringir el uso del mercurio, detener las fuentes de contaminación, generar alternativas económicas para las comunidades que dependen de la minería artesanal y coordinar acciones a escala panamazónica.

En el archipiélago de Galápagos, un proyecto científico ha creado el primer mapa de contaminación acústica de Santa Cruz, el principal poblado del archipiélago. Una red de estaciones acústicas monitorea cómo el crecimiento urbano, caracterizado por el uso de motocicletas, automóviles, bares y discotecas, está modificando el paisaje sonoro de la isla. Este ruido afecta la capacidad de las aves para detectar señales acústicas vitales, como llamadas de alarma, cantos de apareamiento y sonidos asociados a la presencia de alimento. La iniciativa busca que el monitoreo no solo sirva para regular el ruido humano, sino también para investigar cómo las especies de Galápagos responden a un ecosistema cada vez más transformado.

En Costa Rica, Bahía Santa Elena funciona como un laboratorio natural para estudiar a los tiburones nodriza del Pacífico, también conocidos como tiburones gata. El descubrimiento hecho hace una década de que estas poblaciones son especies diferentes a las del Caribe abrió nuevas preguntas científicas. Mediante tecnología innovadora, los investigadores han determinado que esta especie se desplaza distancias mayores a lo previsto y muestra un comportamiento altamente social, con agrupaciones de hasta 40 o 50 animales cerca de los manglares.

La sequía en la Amazonía peruana está agravando la crisis sanitaria del pueblo indígena matsés. Los bajos niveles de los ríos dificultan el traslado hacia centros de salud, mientras que las condiciones secas favorecen la proliferación de mosquitos transmisores de malaria. Las comunidades también expresan temor ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

A nivel global, Donald Trump emitió una orden ejecutiva para analizar rápidamente el posible retiro del lobo gris y el lobo mexicano de la lista de especies protegidas en Estados Unidos. Esta decisión ha generado preocupación en organizaciones norteamericanas, que advierten que se pone en riesgo décadas de esfuerzos científicos orientados a la recuperación de estas poblaciones. Desde México, la mandataria Claudia Sheinbaum ha planteado la necesidad de una coordinación bilateral para la protección efectiva de las especies.

En Colombia, un estudio en los manglares urbanos del municipio de Turbo reveló que los cangrejos violinistas del golfo de Urabá ingieren microplásticos y podrían acelerar su fragmentación. De 95 cangrejos analizados, 91 habían incorporado partículas plásticas, con una cantidad promedio 13 veces mayor que la disponible en el sedimento. Cerca del 15 % de las microesferas aparecieron fracturadas dentro de los animales, un proceso que podría ocurrir en días. Los expertos advierten que fragmentar el plástico no significa eliminarlo; al expulsarlo, los cangrejos generan partículas aún más pequeñas que representan nuevos riesgos para las cadenas tróficas.

Finalmente, la pérdida de hábitat, el cambio climático y la contaminación están afectando las rutas migratorias de las aves en América. El 43 % de las especies migratorias del continente tiene poblaciones en declive. En Ecuador, se ha creado la reserva Cerro de Arcos en 2020 para proteger al colibrí estrella de garganta azul, una especie endémica con solo entre 80 y 110 individuos maduros restantes. En el Golfo de México, investigadores han identificado 125 arrecifes y ecosistemas submarinos entre Veracruz y Tabasco, un 71 % más que en 2013. Este corredor de 650 kilómetros alberga 525 especies de peces y es fundamental para más de 15 mil familias pesqueras, aunque muchos de estos ecosistemas están fuera de áreas protegidas y enfrentan amenazas por megaproyectos petroleros.

S. Aparecido--JDB