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Jueza estadounidense suspende deportación de salvadoreño a Uganda
Una jueza federal suspendió temporalmente este lunes la deportación a Uganda de un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.
Kilmar Ábrego García, quien en marzo había sido deportado a El Salvador y a quien luego se le hizo regresar a Estados Unidos, fue detenido nuevamente el lunes en Baltimore por agentes de los Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, policía migratoria), indicó en X la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem.
El ICE informó que Ábrego García, de 30 años, "será procesado para su deportación a Uganda", luego de su liberación el viernes de una cárcel de Tennessee.
La defensa del salvadoreño presentó de inmediato un recurso para detener la deportación y la jueza de distrito Paula Xinis decidió suspender temporalmente la expulsión de Ábrego García, mientras realiza nuevas audiencias.
Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados del ciudadano salvadoreño, dijo a una multitud de simpatizantes fuera de la oficina del ICE a la que concurrió su defendido, que su cliente fue detenido cuando se presentó a la cita.
"¡Vergüenza, vergüenza!", corearon los manifestantes, algunos de los cuales sostenían carteles que decían "Liberen a Kilmar".
"El aviso (entregado a Ábrego García) indicaba que el motivo (de la cita) era una entrevista", dijo Sandoval-Moshenberg.
"Claramente eso era falso. No había necesidad de que lo detuviera el ICE", sostuvo el abogado.
"Ya estaba bajo monitoreo electrónico del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y básicamente bajo arresto domiciliario", dijo. "La única razón por la que han decidido detenerlo es para castigarlo", enfatizó.
Antes de ingresar a los servicios de inmigración en Baltimore, el salvadoreño dijo: "Pase lo que pase hoy (...) prométanme que continuarán rezando, peleando, resistiendo y amando. No solo por mí sino por todo el mundo. Sigan pidiendo libertad".
- Uganda -
El sábado, los abogados de Ábrego García adelantaron que el gobierno estadounidense pretendía deportarlo a Uganda, que firmó un convenio con Washington para recibir inmigrantes indocumentados que el país norteamericano considera indeseables.
El intento de deportar a García a la lejana Uganda, en África Oriental, añade un giro dramático a este caso que se ha convertido en emblemático del combate de Trump contra la inmigración ilegal y, según sus críticos, de sus violaciones a las leyes.
El viernes García Ábrego, casado con una estadounidense, fue liberado por orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland en espera de juicio por cargos de tráfico de personas.
El hombre de origen salvadoreño había sido deportado por un "error administrativo", según el gobierno, a una prisión de alta seguridad en su país de origen y luego regresó a territorio estadounidense, solo para ser detenido por segunda vez.
Ábrego García estaba en Estados Unidos bajo estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría sufrir daños en El Salvador.
La Casa Blanca lo describió la semana pasada como "un criminal, extranjero ilegal, golpeador de mujeres" y miembro de la pandilla MS-13.
Ábrego García niega haber cometido cualquier delito.
El jueves, cuando se hizo evidente que Ábrego García sería liberado al día siguiente, funcionarios del gobierno le ofrecieron declararse culpable de los cargos de tráfico de personas a cambio de ser deportado a Costa Rica, informaron sus abogados, pero rechazó la oferta.
"El gobierno respondió de inmediato con indignación a la liberación del señor Ábrego", afirmaron.
A los pocos minutos de su liberación de la prisión preventiva, un representante del ICE informó a su abogado que el gobierno tenía la intención de deportarlo a Uganda y allí fue que le ordenó presentarse en la oficina local de esa agencia en Baltimore el lunes por la mañana, añadieron.
Los partidarios de Trump elogian su firmeza, pero juristas y defensores de los derechos humanos han criticado duramente lo que consideran deportaciones apresuradas sin siquiera una audiencia judicial, en violación de la legislación estadounidense.
G. Souza--JDB
