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Ecuador se disculpa con víctimas de esclavitud de una empresa japonesa / Foto: © AFP
Ecuador se disculpa con víctimas de esclavitud de una empresa japonesa
El Estado ecuatoriano se disculpó este sábado con más de 300 víctimas de esclavitud moderna por hacer "oídos sordos" frente a la violación de derechos laborales de una firma de capital japonés en plantaciones de abacá.
En diciembre, la Corte Constitucional determinó que la empresa mantuvo por más de 5 años en sus haciendas una práctica análoga a la esclavitud conocida como servidumbre de la gleba.
Ordenó a Furukawa pagar compensaciones por 41 millones de dólares a los trabajadores y también ofrecer disculpas públicas. Ninguna de las disposiciones se han cumplido.
El máximo tribunal también dispuso que el Estado se disculpe con las víctimas.
En el caso Furukawa "se violaron (...) normativas nacionales e internacionales que afectaron en esencia la dignidad del ser humano, que afectaron en esencia los derechos laborales", dijo la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.
Y admitió que "el Estado a través de los distintos ministerios, tal como lo explica la sentencia, hizo oídos sordos (...) frente a una situación de esa naturaleza".
Núñez estuvo acompañada por los ministros de Gobierno, Educación, Bienestar Social, Salud y la Defensoría del Pueblo.
Concentrados en la Plaza de la Independencia, extrabajadores de Furukawa, subsidiaria de la firma japonesa FPC Marketing, lanzaban arengas. "Reparación, reparación", repetían. Otros levantaban carteles con la leyenda "Esclavitud moderna nunca más".
Queremos "que se cumpla la sentencia porque no se está cumpliendo", dijo a la AFP Marlene Valencia, de 52 años, que trabajó 15 años como abacalera, el nombre que se le da a los productores de esta fibra vegetal usada en las industrias textil y automotriz.
Tras el fallo de la Corte, Furukawa -que opera en Ecuador desde 1963- señaló que no tiene los recursos para pagar la millonaria compensación y tildó de "desproporcionada" la sentencia. Las 342 víctimas deben recibir 120.000 dólares cada una.
La empresa sostiene que un grupo de extrabajadores mantiene la "posesión ilegal y por la fuerza" de más de 300 hectáreas de propiedad de la compañía.
Los abogados de las víctimas afirmaron que una decisión judicial les permite estar en esos predios para evitar que la firma destruya los campamentos y borre evidencia.
Alexandra Zapata, defensora de los extrabajadores, comentó que el Estado cumplió parcialmente la sentencia.
"No hemos escuchado que (los empresarios) hayan dicho abiertamente que piden disculpas públicas", declaró a periodistas y cuestionó que las autoridades no mencionaran políticas de reparación.
A. Nunes--JDB
