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El gobierno guatemalteco pide investigar la vinculación de la fiscal general en adopciones ilegales / Foto: © AFP
El gobierno guatemalteco pide investigar la vinculación de la fiscal general en adopciones ilegales
El gobierno guatemalteco informó este miércoles que pidió a la Fiscalía investigar una presunta participación de la fiscal general, Consuelo Porras, en adopciones ilegales en la década de 1980, señalada por un grupo de expertos de la ONU.
La denuncia fue interpuesta por la Procuraduría General de la Nación (PGN), ente que actúa como abogado del Estado, aunque es improbable que la demanda prospere al menos en los tres meses que restan de gestión a Porras, quien calificó los señalamientos de "espurios".
Relatores y especialistas de Naciones Unidas pidieron, según un comunicado divulgado el lunes en Ginebra, una investigación independiente sobre la supuesta participación de la fiscal en las adopciones ilegales cuando ella fue directora, administradora y "tutora" de un hogar estatal para menores en 1982.
La PGN "presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público (Fiscalía), activando el mecanismo jurídico que permite que los hechos sean investigados con independencia, objetividad y apego al debido proceso", dijo en rueda de prensa el titular de la institución, Julio Saavedra.
El funcionario señaló que "los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley" y agregó que la PGN pidió a la Fiscalía que le permita ser "querellante adhesivo" para ayudar con la investigación.
Los especialistas de la ONU dijeron haber recibido información sobre "al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales", tras "su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996", durante la guerra civil guatemalteca.
Al rechazar "categóricamente" los señalamientos, la fiscal general, de 72 años, pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que esas alegaciones "sean objeto de revisión, aclaración y corrección".
La denuncia trascendió el mismo día en que Porras fracasara en su intento de ser elegida magistrada en la Corte de Constitucionalidad (CC), un cargo que le daría inmunidad.
La fiscal está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran "corrupta" y "antidemocrática" por abrir procesos penales contra exfuncionarios antimafia, periodistas y líderes sociales, y haber intentado hace dos años impedir la investidura del presidente Bernardo Arévalo.
L. de Freitas--JDB
